México ocupa el primer lugar a nivel mundial en la prevalencia de obesidad infantil y el segundo en adultos mayores de 20 años. Para vencer la pandemia del sobrepeso y obesidad, que lleva cuatro décadas creciendo de manera desmedida, el gobierno mexicano ha propuesto diversas políticas públicas enfocadas al consumo de las bebidas azucaradas. Conoce aquí si han generado algún impacto positivo.

De acuerdo con un artículo publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tener sociedades con sobrepeso y obesidad es equivalente a tener sociedades enfermas. Los riesgos a los que pueden estar expuestas las personas que la padecen pueden ir desde problemas psicológicos hasta padecimientos cardiovasculares y/o el desarrollo de alguna discapacidad, con posibles repercusiones económicas. Incluso también se ha probado recientemente que la obesidad es un detonante de complicaciones para los pacientes con Covid-19.

Un problema de salud pública

Actualmente, se sabe que el sobrepeso y la obesidad son enfermedades multifactoriales, es decir, existen múltiples factores que pueden desencadenarlas. Por ejemplo, pueden ser causadas por la carga genética, los malos hábitos de alimentación y/o la vida sedentaria.

Y aunque diversas investigaciones, como las realizadas en el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) por el grupo de Canizales Quinteros, sugieren que la carga genética del mexicano promueve el desarrollo de la obesidad, limitarse a la carga genética como la única explicación, no parece factible.

Uno de los factores más señalados por distintas investigaciones es el consumo excesivo de carbohidratos, principalmente de “azúcares añadidos”, los cuales se encuentran principalmente en bebidas azucaradas.

Considerando que cada mexicano consume, aproximadamente, 160 litros de refresco al año y con ello 238 calorías al día únicamente por el consumo de estas bebidas, podemos señalar a su consumo como una alerta roja para los índices de sobrepeso y obesidad en todo el país.

¿Qué se ha hecho al respecto?

Para tratar de frenar este incremento de peso en nuestra población, se desarrollaron diversas políticas públicas: una de ellas se implementó en el año 2014 y consistió en gravar a las bebidas azucaradas con un impuesto.

Un artículo escrito por Lizbeth de la Cruz y Julieta Garduño se enfocó en demostrar cómo es que, a seis años de la implementación de esta norma, el consumo de refrescos ha disminuido considerablemente junto con el porcentaje de personas con sobrepeso u obesidad en los próximos años, una proyección alentadora.

En el mismo artículo se tomaron en cuenta investigaciones anteriores y cómo es que paulatinamente, año con año, se han visto resultados después de que la norma entró en vigor.

Políticas públicas para las bebidas azucaradas: estos han sido los resultados

Después del primer año de la implementación de esta política pública, Colchero y colaboradores reportaron que la compra de estas bebidas disminuyó en promedio 6% y que se incrementó la adquisición de bebidas sin impuesto, como el agua embotellada. Asimismo, los autores mostraron que se redujo la adquisición de bebidas saborizadas en mayor escala en la población con menor ingreso económico, sector más afectado por el problema de la obesidad y el sobrepeso.

Después del segundo año, también se reportó una disminución en la compra de bebidas azucaradas, para este caso, de 7.3%. Sumado a ello, otro estudio hecho por Fernández y Raine indicó que aplicar el impuesto sobre las bebidas saborizadas sí modifica los patrones de consumo, aunque esta medida debe ser complementada con otras intervenciones como incrementar el acceso a bebidas no endulzadas y educar acerca del consumo de bebidas saludables.

Y aunque aún es muy temprano para observar los resultados del impuesto de las bebidas azucaradas sobre los índices de sobrepeso u obesidad directamente, diferentes predicciones, basadas en modelos matemáticos, estiman que los impuestos podrían reducir su consumo de 34 a 47 calorías por día en adultos y de 40 a 51 en niños, lo cual, como consecuencia, resulta en una disminución de 1.7 kg hasta 2 kg por año.